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Tras las negociaciones que se produjeron durante el otoño y parte del invierno con la empresa Pitsbur Trade, con sede central en Barcelona, y los intermediarios de Alcalá de Henares, Lexis Consultores S.L., cabezas visibles de las sociedades que se encargaban de gestionar los créditos con los afectados, todo parecía por buen camino cuando en el pasado mes de enero dicha empresa entró en suspensión de pagos. Los vecinos de Alovera, Sonia Martínez y su marido, Antonio Ramos, habían pactado ya la entrega de 9.700 euros a la sociedad que «adquirió su piso» para que volviera a ser de su propiedad. Sin embargo, en plena negociación de los intereses que debían abonar a la empresa, ésta quebró.

Este nuevo contratiempo ha supuesto que los administradores únicos de la quiebra  pretendan ahora incluir a estos afectados en el pertinente concurso de inversores que se ha puesto en marcha para que los acreedores puedan cobrar el mayor dinero posible. «Eso no puede ser porque a nosotros nos han engañado, no es que nos han dejado de pagar un servicio que hayamos realizado a estas sociedades. Si nos incluyen en el mismo saco que los inversores no podremos recuperar nuestra vivienda y, al menos, tendríamos que esperar tres años para resolver el asunto», comenta Sonia Martínez.

Miles de damnificados

El número de inversores que se estima están pendientes de cobro rondan los 1.600 en toda España. Mientras, parte de los damnificados por las estafas inmobiliarias ya han perdido sus casas definitivamente. Este matrimonio aloverano explica que «necesitamos que toda la sociedad española entienda que somos simplemente una familia afectada, que vendimos la vivienda sin saberlo por 9.700 euros al pedir ayuda económica y nos liaron. Después, esa empresa nos la quería vender otra vez por 95.000. Ahora no podemos hacer la ampliación de la hipoteca porque la otra parte no tiene representación si no lo permite el juez que lleva el caso de la quiebra».

El problema puede ser con esta situación aún más grave porque el piso podría ser embargado para que de ahí cobren los acreedores de la empresa en suspensión de pagos. Esta pareja tuvo que contratar los servicios de un abogado de Barcelona, especializado en concursos de acreedores, que propone la devolución de la propiedad a los que la perdieron por estas estafas inmobiliarias.

Algunos, como Antonio Ramos y Sonia Martínez, llevan ya casi cuatro años a vueltas con el asunto. Éste es otro de los motivos que ellos esgrimen para que sus peticiones puedan ser de las primeras en atenderse tras darse la circunstancia de la quiebra. «No pedimos que nos regalen nada, sino recuperar la propiedad del piso para lo que habría que cancelar las dos hipotecas, la original y la segunda que se genero en esta trama que tiene un valor de 120.000 euros. Luego, ya haríamos nosotros lo que fuera pertinente, pero, por el momento, no podemos», recalca Sonia.